El agua es un derecho, no un privilegio: Lilia Aguilar

La diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de establecer que el uso doméstico y urbano del agua no podrá ser suspendido por completo bajo ninguna circunstancia.

La propuesta señala que los gobiernos estatales, municipales conforme a sus marcos legales, prioridades y necesidades, tienen la responsabilidad de garantizar a toda persona el acceso, disponibilidad y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.

“El acceso al agua no podrá ser negado en su totalidad en ningún caso, el acceso al agua es un derecho humano esencial para una vida digna y constituye una base para el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ello, el agua debe ser entendida principalmente como un bien social y cultural, más allá de su valor económico, el agua es un derecho, no un privilegio.” Manifestó la legisladora petista.

La iniciativa, que plantea reformas a la fracción XXII del artículo 14 Bis 5 y al artículo 15, fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; en ella se advierte que la situación actual es grave y demanda atención inmediata para asegurar el acceso universal al agua, junto con políticas que protejan el medio ambiente y fomenten un desarrollo sustentable.

La legisladora considera que “el acceso al agua y sobre todo la escasez y la contaminación del agua son retos importantes en diversas regiones del mundo, lo que pone en peligro este derecho y afecta a millones de personas, por ello, es crucial que los gobiernos y las instituciones trabajen para garantizar un acceso justo, protegiendo y promoviendo su uso responsable.” Dijo.

Subraya que este derecho implica que todas las personas deben contar con agua suficiente para cubrir necesidades básicas como la salud, la higiene y la alimentación.

El proyecto, enfatiza que es deber del Estado legislar para proteger este derecho, y asumir la responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos cometida por autoridades en cualquier nivel de gobierno.