Buscan reconocer justicia indígena en chihuahua
Chihuahua.- El Congreso del Estado aprueba reformar diversas leyes locales con el objetivo de establecer un mecanismo que permita validar las resoluciones emitidas por autoridades indígenas en el ejercicio de su jurisdicción.
La propuesta modifica la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con el fin de subsanar la falta de procedimientos que actualmente impide dar reconocimiento legal a las decisiones tomadas bajo los sistemas normativos de las comunidades originarias.De acuerdo con el documento, esta reforma responde a una omisión legislativa señalada por el Poder Judicial de la Federación a través del amparo 444/2024-II, en el que se determinó que el Congreso estatal no ha cumplido con su obligación de regular este tipo de mecanismos, lo que vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Se establece la creación de un procedimiento mediante el cual las comunidades indígenas podrán solicitar a las autoridades judiciales del Estado la validación de sus resoluciones. Para ello, los jueces deberán analizar cuatro factores clave: personal, territorial, objetivo e institucional, con el fin de determinar si el caso corresponde a la jurisdicción especial indígena.
Asimismo, se contempla que el Poder Judicial pueda crear salas especializadas o asignar esta función a tribunales existentes, garantizando que las decisiones indígenas sean reconocidas sin vulnerar derechos humanos, particularmente en casos donde se presenten límites como actos de tortura, discriminación o violaciones graves.
La iniciativa también retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la jurisdicción indígena como parte del pluralismo jurídico del país, permitiendo la coexistencia de sistemas normativos dentro del mismo territorio.
Con esta reforma, el Congreso busca fortalecer la autonomía de los pueblos originarios y garantizar que sus sistemas de justicia no queden en un vacío legal, sino que sean reconocidos y coordinados con las instituciones del Estado.
