Cumple Un Año Fracasado Intento Para Detener A Javier Corral

Hoy se cumple un año de la evasión del ex gobernador Javier Corral Jurado en el restaurante «Gin Gin» de la colonia Roma en la ciudad de México, en la que muchos politólogos y analistas coinciden, se trató de una herida al Estado de Derecho en nuestro país, al fortalecimiento de las instituciones mexicanas y a la colaboración institucional entre sectores públicos.

En aquella ocasión, personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se trasladó a la capital del país e intentó detener por la noche al ex gobernador, investigado -hasta la fecha- por actos de corrupción durante su mandato, que fue 2016 a 2021. Sin embargo fue sorprendente seguir y ver en televisión nacional «en vivo», como el hoy neomorenista Corral fue rescatado y liberado momentos más tarde por intercesión del entonces cargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

Sin duda aquel 14 de agosto de 2024, la justicia en México sufrió un grave y alarmante retroceso. Ese día, todos los chihuahuenses y muchos mexicanos vimos en cadena nacional la forma en la que se impidió a una autoridad, la detención del hoy imputado: Javier Corral Jurado, en un claro retroceso al sistema de justicia y además, que muestra los privilegios y protección personal que siguen gozando personajes de la política, en este caso ligados a Morena y a la llamada 4T.

En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el exgobernador de Chihuahua, fue detenido por elementos de la fiscalía de Chihuahua, en cumplimiento a una orden de aprehensión librada debidamente en su contra, por un Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por el delito de peculado agravado por un desvío de 98.6 millones de pesos; operativo de detención que se realizó en el restaurante «Gin Gin» de la Ciudad de México, con la colaboración inicial de la Fiscalía General de Justicia de aquella ciudad.

Sin embargo, una vez realizada la detención, a partir de la declaratoria de sus derechos, y cuando se iniciaría su procesamiento, fue interrumpida y revertida intempestivamente, de manera ilegal por la misma fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), encabezada por Ulises Lara.

Esta actuación, a todas luces ilegítima y contraria a derecho, constituyó la comisión de diversos delitos tipificados en el Código Penal Federal y en el Código Penal de la Ciudad de México, entre ellos:

1.- Evasión de presos (Art. 150 CPF y correlativos locales), o Ayudar a sustraer a una persona de la custodia legal de una autoridad competente. En ese momento Javier Corral ya estaba bajo control físico y jurídico del personal de la fiscalía Anticorrupción cuando se le liberó.

2. Abuso de autoridad (Art. 215 CPF y correlativos), o Ejercer funciones contrarias a la ley para impedir la ejecución de un acto legítimo, como lo es un mandamiento judicial.

3. Uso ilegal de atribuciones y facultades (Art. 217 CPF), o Intervenir en procedimientos ajenos a su competencia para modificar o impedir sus efectos jurídicos.

4. Obstrucción de la justicia y tráfico de influencias (Arts. 225 y 221 CPF), o Alterar o impedir el curso de una investigación o ejecución judicial por influencias indebidas.

5. Coalición de servidores públicos (Art. 216 CPF), o Acción de servidores públicos que se unen para llevar acabo acciones contrarias a la ley

Por lo tanto, a un año de esta momentánea detención, los ciudadanos podemos hacer las siguientes reflexiones para el gobierno y sus instituciones.

1.- Se generó un debilitamiento del Estado de Derecho, ya que cuando una orden judicial válida es ignorada o desvirtuada por otras autoridades que deben cumplirla, la ley pierde obligatoriedad y se convierte en un instrumento político y se da la impunidad.

2.- Se sacó a la luz pública colusión interinstitucional o la coordinación entre autoridades, para proteger a un imputado de alto perfil representa una forma avanzada de corrupción institucional y de protección ominosa.

3.- Se demostró el riesgo de la manipulación administrativa de autoridades, o la eliminación selectiva de servidores públicos autorizados para firmar colaboraciones es una herramienta técnica que, usada de forma indebida, puede sabotear investigaciones enteras, y generar impunidad, tal es el caso de lo que pretendieron hacer a la fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua

4.- Se acreditó la urgencia de blindar la colaboración entre fiscalías, pues es indispensable que los mecanismos de cooperación interinstitucional tengan candados normativos que impidan su manipulación política o administrativa de sus operadores y mas cuando lo hacen de manera burda como es el caso de la fiscalía de la Cdmx, que impidió la detención de Javier Corral.

Sin duda hay exigencias a las autoridades, pues a un año de este episodio, la sociedad exige que haya una investigación exhaustiva y sanción penal contra todos los servidores públicos que intervinieron para evadir al prófugo de la justicia; Javier Corral Jurado.

De igual manera la creación urgente de los mecanismos de colaboración entre fiscalías anticorrupción, para que la validez de las órdenes no dependa de criterios discrecionales o manipulables.

El fortalecimiento del control judicial sobre las actuaciones interinstitucionales, para garantizar que ninguna autoridad pueda desconocer un mandamiento sin resolución judicial.

El tema del desafuero es necesario, para que sea llevado su proceso sin palancas políticas y se lleve a la justicia a quien ordenó el desvió recursos públicos para favorecer a su amigo empresario.

El caso del «Gin Gin» es un ejemplo emblemático de cómo la corrupción puede manifestarse no solo en el desvío de recursos públicos, sino también, en el uso del poder para obstruir la justicia.

Los chihuahuenses siguen exigiendo justicia y se le aplique todo el peso de la Ley a Javier Corral, quien curiosamente antes de ser electo gobernador en el año 2016, declaró públicamente tener a esa fecha, más de 60 millones de pesos de patrimonio

Fuente: HBM Noticias.com