Declara Marco Bonilla medidas legales y de protección tras colapso en fraccionamiento Monte Xenit
Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, anunció una serie de medidas legales, administrativas y de protección civil luego de que un estudio técnico determinara que 32 viviendas del fraccionamiento Monte Xenit presentan un alto riesgo de colapso, derivado de daños en los muros de contención ocurridos en agosto y septiembre de 2024.
Según explicó el alcalde, el colapso parcial de las estructuras se debió a una combinación de factores, entre ellos las condiciones climáticas y presuntas fallas en la construcción a cargo de la desarrolladora DEXE. “Desde el primer momento, como Gobierno Municipal estuvimos ahí, atendiendo a las familias”, declaró Bonilla, quien aseguró que la administración clausuró la segunda etapa del desarrollo e intervino en la supervisión de las reparaciones requeridas.
En seguimiento a las recomendaciones del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles, se contrató a peritos especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua en áreas de hidrología, geología y estructuras. Los estudios concluyeron que al menos 32 viviendas presentan condiciones críticas que imposibilitan su habitabilidad.
A raíz de estos hallazgos, el municipio ha iniciado acciones legales contra DEXE y sus propietarios por presunta defraudación y por los daños ocasionados al patrimonio de los compradores. También fueron suspendidas las licencias del Director Responsable de Obra (DRO) y del perito en estructuras por supuestas omisiones y falsedad en la ejecución de los trabajos.
“Por ningún motivo puede quedar impune esta situación. Vamos a acompañar legalmente a las familias afectadas”, afirmó Bonilla. Informó que ya se notificó a autoridades estatales y federales para asegurar un seguimiento coordinado.
Como medida urgente, el Consejo Municipal de Protección Civil ordenó la evacuación preventiva de las 32 familias en riesgo. El gobierno local ofreció cubrir tres meses de renta para las personas afectadas, asistencia en mudanza y la instalación de una ventanilla única de atención legal, jurídica y de mediación ante instancias como Profeco y la Fiscalía General del Estado.
Finalmente, Bonilla subrayó que se continuará con las investigaciones administrativas sobre la legalidad de las obras y la actuación de los funcionarios municipales involucrados. “Por ningún motivo, ninguna familia debe poner en riesgo su integridad por la avaricia de un desarrollador”, concluyó.
